“Una sociedad se degrada cuando deja de exigir a quienes la gobiernan.”
(Gustave Thibon)

No comenzamos un año nuevo, continuamos una tragedia. Y cualquier intento de escribir desde la tibieza o el optimismo impostado sería una forma más de traición cívica. El país sigue secuestrado por una acción política que ha degradado la democracia hasta convertirla en un decorado, mientras el poder real se reparte entre herederos del crimen terrorista, golpistas reciclados en socios preferentes, mafiosos de la corrupción estructural y una obscena colección de miserias morales que ya ni siquiera se disimulan.

No es una metáfora ni una exageración. Es un hecho histórico que un partido de gobierno gobierna rodeado de imputaciones judiciales, con ministros señalados, con un aparato orgánico contaminado, y con un fiscal general condenado por un delito grave, algo inédito, vergonzante y demoledor para cualquier Estado que pretenda llamarse de derecho. Y, aun así, se nos pide calma, moderación y silencio. Como si la normalidad pudiera imponerse por decreto.

Mientras tanto, los ciudadanos pagan -pagamos- con impuestos que no se traducen en servicios, con libertades recortadas, con el gravísimo problema de la vivienda, con una seguridad jurídica debilitada, con una justicia hostigada y con unos medios de comunicación convertidos, en demasiados casos, en correas de transmisión del poder. Todo ello envuelto en una retórica moral que habla de derechos mientras los vacía, de democracia mientras la desnaturaliza, de progreso mientras profundiza en la desigualdad y la desprotección.

No estamos ante errores. Estamos ante un modelo -el social/comunismo-. Un modelo que permitió —y sigue permitiendo— que auténticas mafias entren en las instituciones, que delincuentes se disfracen de representantes públicos y que la corrupción deje de ser una anomalía para convertirse en sistema. Y esto no se corrige con buenas intenciones ni con llamamientos a la convivencia. Se corrige con memoria, con denuncia y con reprobación firme, constante, contundente y decisiva.

La reparación no llegará sola. Exigirá acción judicial sin interferencias, exigirá señalamiento social sin complejos y por supuesto una ciudadanía que recupere el sentido del honor cívico, la dignidad democrática y la responsabilidad compartida, porque, como señaló Norberto Bobbio, “la democracia no se define solo por quién gobierna, sino por la posibilidad real de exigir responsabilidades a quienes gobiernan”. Porque callar ya no es prudencia, es complicidad. Mirar hacia otro lado ya no es cansancio, es abandono.

Si algo debe marcar este tiempo no es la esperanza vacía, sino la decisión consciente de no repetir el error, de no volver a entregar el poder a quienes lo utilizan para destruirlo desde dentro. La democracia no se hereda ni se mantiene sola. Se defiende. Y se defiende con palabras claras, con memoria activa y con la firme convicción de que ser ciudadano libre en un Estado de derecho no es un eslogan, sino una obligación moral diaria.

No se trata pues de venganzas ni de ajustes emocionales. Se trata de justicia. De la justicia que debe actuar con independencia y sin miedo, y del derecho irrenunciable de los ciudadanos a exigir que lo haga. La reparación auténtica solo será posible cuando el daño sea reconocido y reparado, cuando las responsabilidades sean asumidas y cuando la democracia recupere su condición de espacio limpio, digno y habitable. Quizá ese sea el único comienzo legítimo y sanador de tanta ofensa, desprecio y humillación.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)