«No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan». (Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha)

Hay algo profundamente obsceno en contemplar desde la distancia cómo una ciudad española se deteriora mientras quienes tienen la obligación de protegerla discuten sobre competencias, informes, procedimientos y responsabilidades … Sobre la arquitectura de su relato. Obsceno no porque la política deba callar, sino porque mientras la política habla, hay personas que están pagando con su vida cotidiana aquello que los despachos convierten en expediente para luego transformarlo en humo. Ceuta no está viviendo una anécdota migratoria. Está soportando las consecuencias de una entrada masiva, de una invasión que ha puesto a una ciudad de apenas veinte kilómetros cuadrados ante una situación para la que ningún servicio público estaba preparado. Y dos meses después, precisamente hoy se cumplen, siguen hablando de previsiones, de recursos, de quién avisó a quién y de quién tiene que hacer qué, mientras la ciudad y sus ciudadanos continúan soportando las trágicas y dramáticas consecuencias. Porque lo insoportable es que, cuando el problema adquiere una dimensión que ya nadie puede ignorar, la respuesta siga siendo insuficiente y la realidad de quienes la padecen pueda ser discutida desde un despacho como si fuera una cuestión de estadísticas, de formas, de relatos y de conveniencias.

Tomemos como ejemplo a la sanidad. Pregunten a los médicos, pero no a un portavoz desde Madrid, no a un director general de no sé qué, no a un responsable del ministerio de los que pasaron sus vacaciones en un pueblo gallego para “desconectar” del estrés. Pregunten, si quieren conocer la tragedia de esta invasión a los médicos que están allí afrontando la realidad del día a día, porque ellos sí saben lo que significa atender una presión asistencial extraordinaria, saben lo que ocurre cuando faltan manos, cuando el cansancio se acumula y cuando cada paciente adicional cae sobre una estructura limitada incluso antes de que comenzara esta crisis. La ministra puede decir lo que quiera, por ejemplo, que no existe colapso, igual que el ministro de Interior puede afirmar que la inseguridad es un concepto subjetivo. Es decir, el lenguaje político puede discutir o retorcer el significado de las palabras, pero un profesional agotado y desbordado no necesita un diccionario para saber cuándo está trabajando por encima de sus posibilidades.

Y pregúntenles también a los ceutíes, al comerciante, al trabajador, a la familia, a los padres que llevan a sus hijos al colegio, a todos los que viven contemplando cómo su ciudad se ha convertido en el escenario de un problema que nadie termina, porque no saben, no quieren o no pueden resolver.

Y mientras todo esto sucede, España discute. Discute sobre corrupción, sobre partidos, sobre Marruecos, sobre quién conocía las advertencias y quién no, sobre si aquello fue una crisis migratoria, un ataque organizado, una utilización de personas con fines políticos o directamente una invasión. Como si no se supiera.

Por tanto, que se investigue todo, que se llegue a conocer la verdad, toda la verdad, pero que nadie pretenda que la investigación sustituya a la obligación de actuar. Mientras ellos, los que cobran buenos sueldos, discuten sobre el nombre que merece lo ocurrido, Ceuta está pagando una factura muy grande. Y hay facturas que no se pagan con dinero, sino con miedo, con frustración, con negocios que no vuelven a abrir, con profesionales que terminan marchándose, con familias desengañadas que pierden la confianza, con menores que aprenden demasiado pronto que la palabra «protección» puede significar muy poco cuando quienes deben protegerlos no quieren, no saben o no pueden hacerlo a tiempo.

Lo más grave de esta historia quizá no sea lo ocurrido el pasado 30 de julio, que lo fue y gravísimo, sino lo que realmente es más grave aún es que España acabe aceptando que aquello fue simplemente otro episodio más, porque si una ciudad española puede sufrir una situación de esta magnitud, si sus servicios pueden verse sometidos a semejante presión, si sus ciudadanos pueden sentirse abandonados y si quienes necesitan protección pueden acabar desprotegidos, y después de todo eso la respuesta nacional consiste esencialmente en discutir quién tiene la culpa, entonces el problema ya no está solamente en Ceuta, sino en nosotros, en la capacidad de un Estado y toda su ciudadanía, para reconocer cuándo una situación excepcional exige una rápida y contundente actuación. Y, por supuesto, está, sobre todo, en una pregunta que ningún Gobierno debería poder esquivar de ninguna de las maneras: ¿Cuánto daño tiene que sufrir una ciudad española para que deje de ser una cifra y vuelva a ser una prioridad?

Porque Ceuta, que no se le olvide a nadie, no está pidiendo compasión, está exigiendo algo que le corresponde por derecho, que el Estado esté y actúe donde y cómo tiene que estar y actuar.

Juan A. Pellicer

Septiembre 26

Sursum Corda (arriba los corazones)