«Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que,

por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.»

(Montesquieu)

Un país tiene momentos que no se recuerdan por una ley ni por una votación, sino por la desnudez moral de un gesto, como el ocurrido el pasado 25 de junio de 2026, donde el Congreso de los Diputados ofreció uno de ellos. Mientras ciento setenta y ocho representantes de la soberanía nacional aprobaban una iniciativa reclamando al presidente del Gobierno que se sometiera a una cuestión de confianza y, de no obtener el respaldo de la Cámara, convocara elecciones generales, la respuesta del Ejecutivo y de quienes lo sostienen fue una sucesión de aplausos, risas y gestos de satisfacción que difícilmente podían interpretarse como otra cosa que una burla deliberada. Habrá quien pretenda reducir lo sucedido a una simple mofa dirigida contra la oposición. No es cierto, se ridiculizó a unos partidos políticos, se ridiculizó a la mayoría del Congreso y, con ella, a los millones de españoles cuya voluntad estaba representada en aquellos escaños.

Conviene recordar una verdad que algunos parecen haber olvidado. El Gobierno no es el propietario del poder, como tampoco lo es el Parlamento, ya que ambos reciben su legitimidad del mismo lugar que no es otro que el pueblo español. Así lo proclama nuestra Constitución cuando afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo y de él emanan todos los poderes del Estado. Un presidente del Gobierno no gobierna porque así lo haya decidido él mismo, sino porque el Congreso le otorgó su confianza para hacerlo. Resulta, por ello, profundamente inquietante contemplar cómo quien recibe su legitimidad de una institución termina respondiendo con burla y desprecio cuando esa misma institución deja de respaldarle. No me estoy refiriendo a la obligación jurídica de aceptar una determinada iniciativa parlamentaria, sino de algo mucho más profundo, del respeto debido a la institución donde la nación se expresa políticamente. Un gobernante puede discrepar del Parlamento, combatir sus propuestas y defender con firmeza una posición contraria, por supuesto, pero lo que jamás debería permitirse es transmitir la impresión de que aquello que decide la mayoría de la Cámara carece de importancia o puede convertirse en objeto de menosprecio, porque en ese preciso instante deja de existir una discrepancia política para comenzar a instalarse una peligrosa convicción que no es otra que la de creer que el poder solo reconoce autoridad cuando esta coincide con sus propios intereses. Como advirtió Montesquieu, «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; llega hasta que encuentra límites». Precisamente por eso existen las instituciones democráticas, no para incomodar al poder, sino para impedir que el poder termine creyéndose superior a ellas, ya que cualquier otra concepción resulta profundamente incompatible con la cultura democrática.

Las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. Empiezan a deteriorarse cuando quienes gobiernan dejan de sentir respeto por los límites institucionales que deberían contenerlos y sustituyen la argumentación por la suficiencia, el aplauso o la burla, como ocurrió. Ese cambio de actitud no convierte automáticamente a nadie en un dictador, pero sí revela una forma de entender el poder que ningún demócrata debería contemplar con indiferencia. Las leyes cambian y los gobiernos pasan, pero lo que permanece son las costumbres políticas, por ello, si aceptamos como normal que un Ejecutivo reciba con carcajadas una decisión adoptada por la mayoría del Congreso, mañana cualquier otro Gobierno podrá sentirse legitimado para hacer exactamente lo mismo o algo peor. Con este vergonzoso y lamentable acto no se humilló únicamente a ciento setenta y ocho diputados, sino a los millones de españoles cuya voluntad política estaba representada en aquellos escaños, enviándole un mensaje devastador, que la voz de una mayoría parlamentaria puede convertirse en objeto de mofa cuando incomoda al poder, y ese es el verdadero escándalo, porque un Gobierno que pierde el respeto al Parlamento acaba perdiendo, inevitablemente, el respeto al pueblo del que emana su propia legitimidad. Y cuando un gobernante deja de reconocer autoridad moral a la institución que le otorgó el poder, el problema deja de pertenecer a una legislatura concreta para instalarse en el corazón mismo de la democracia. Porque el poder nunca pertenece a quien lo ejerce, sino al pueblo, que únicamente se lo presta durante un tiempo. Y quien olvida esa verdad termina dejando de servir a la democracia para empezar a servirse de ella.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)