Nada es más peligroso que una ley que simula justicia mientras sostiene la injusticia. (Simone Weil)

Hay momentos en que el Derecho, en lugar de proteger, posterga. Y cuando lo hace, no solo fracasa como instrumento legal, sino que pierde legitimidad moral. La okupación ilegal de viviendas en España no es únicamente un problema jurídico o administrativo. Es, antes que nada, una distorsión profunda del principio de justicia, aquel que debería equilibrar la balanza entre derechos y deberes, entre el vulnerable y el abusador, entre quien cumple la ley y quien se aprovecha de sus rendijas.

Durante años se ha instalado un discurso que confunde la piedad con la impunidad. Bajo la etiqueta de okupación se agrupan realidades muy distintas, algunas efectivamente nacidas de la necesidad, pero muchas otras alentadas por el oportunismo, la especulación o el desafío sistemático al orden común. Y, sin embargo, el sistema reacciona con la misma lentitud ante unas y otras, como si la duda o la cautela debieran pesar siempre sobre el legítimo propietario, y no sobre quien irrumpe sin título, sin contrato y sin consentimiento en un espacio que no le pertenece.

De la misma manera que si uno es sorprendido conduciendo sin carné, o con un vehículo robado, y es inmediatamente detenido y sancionado por carecer de cualquier legitimidad sobre el bien en uso, cabría esperar que, ante la ocupación de una vivienda, ocurriese lo mismo. Si el propietario acredita documentalmente su derecho, y el ocupante no puede exhibir ningún título ni contrato, ¿por qué la autoridad no actúa con la misma firmeza y celeridad? ¿Por qué, en lugar de ser desalojado y sancionado, se le reconoce el derecho a permanecer hasta que un largo y costoso proceso judicial lo determine con el consiguiente daño y perjuicio para el propietario?

La respuesta es aún más inquietante, porque existe un amparo legal que lo permite, un marco normativo ambiguo que, bajo la apariencia de garantías procesales, favorece al infractor y penaliza al cumplidor. No se trata, por tanto, de una simple ineficacia del sistema, sino de una estructura que protege la citada okupación en nombre de un garantismo mal entendido, incluso cuando no hay vulnerabilidad real ni justificación social alguna.

En esa línea, Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora de la Fundación Hay Derecho, recuerda que «la ocupación ilegal de inmuebles es un problema real y no es un bulo, como nos pretenden hacer creer. Su análisis se basa en datos oficiales que evidencian un incremento ostensible desde 2010 —cuando se registraron algo más de 2.700 casos— hasta superar hoy los 16.000. Cuena Casas critica, además, que el Gobierno intente minimizar su impacto comparando el número de denuncias con el total de viviendas en el país. “No es posible obviar lo evidente —recalca—; negar el problema con ese tipo de comparaciones es manipular la información” (Idealista/News 31/3/25)»

Y es aquí donde cobra vigencia aquella advertencia de Platón «el colmo de la injusticia es parecer justo sin serlo». Porque eso es precisamente lo que ocurre cuando el aparato legal disfraza de equidad lo que, en el fondo, es desprotección del inocente y tolerancia al abuso.

Este desplazamiento del eje moral del Derecho erosiona la confianza cívica. Porque no se puede pedir a los ciudadanos que crean en la ley si la ley vacila cuando más se la necesita. No se puede exigir respeto a las normas si las normas parecen proteger al infractor con más celo que al responsable. Y no se puede hablar de justicia social mientras se sacrifica al justo en nombre de una ficción legal que convierte en derecho lo que es, sencillamente, una usurpación.

Proteger a los más débiles no implica dejar desprotegido al inocente. La justicia debe tener rostro humano, sí, pero también columna vertebral. Y cuando el Estado se refugia en el formalismo para no actuar ante una okupación sin título ni legitimidad, no está siendo prudente, está siendo cómplice. Cómplice de una perversión que llama derecho a lo que es abuso. Y que olvida, una vez más, al ciudadano que sí cumplió -con su sacrificio, renuncia, dinero, etc.- con su parte.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)