«Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder.»
(Montesquieu)

No comienzan por error ni se prolongan por descuido. Son trayectos calculados, sostenidos por la mentira, promovidos por la corrupción y blindados por el poder. Cuando se emprenden, ya se sabe que no hay regreso, porque retroceder implicaría rendir cuentas. Y ese es exactamente el viaje que este político ha emprendido con su país.

No estamos ante un mal gobernante ni ante una gestión fallida. Estamos ante un proyecto premeditado y debidamente orquestado de degradación moral, social y política. Durante su mandato no ha hecho otra cosa que vaciar de sentido las instituciones democráticas, corromper los cimientos del Estado y empobrecer a la nación. La pobreza masiva no es una consecuencia colateral, es el resultado lógico de un poder que saquea, despilfarra y reparte privilegios entre los suyos mientras condena a la mayoría a la precariedad estructural.

La corrupción no ha sido una desviación del sistema, sino su método. Clientelismo, parasitismo institucional, uso obsceno de los recursos públicos para garantizar lealtades políticas y silencios cómplices. El Estado convertido en botín. La administración transformada en refugio de incompetentes y radicales reciclados en funcionarios respetables. Premiar a quienes atentaron contra el orden constitucional no es reconciliación, es una humillación consciente y deliberada al Estado de derecho.

Pero nada define mejor este viaje sin retorno que el ataque sistemático a la justicia. Desprestigiar jueces, colonizar tribunales, presionar a fiscales, erosionar la separación de poderes hasta convertirla en una escenografía vacía. No es una deriva improvisada, es una estrategia de supervivencia. Como advirtió Montesquieu, «cuando el poder juzga, la justicia desaparece», y es precisamente ahí donde el gobierno deja de someterse a la ley para intentar someterla. Cuando un poder necesita domesticar a la justicia es porque sabe que, fuera de ella, no puede sobrevivir. La ley deja entonces de ser un límite para convertirse en un obstáculo a eliminar.

El blanqueamiento de terroristas y la defensa de dictaduras no son errores diplomáticos ni excesos retóricos. Son la prueba de una afinidad complicidad moral. Justificar la violencia política, relativizar el crimen y legitimar regímenes represivos revela hasta qué punto el poder ha perdido cualquier referencia ética. A partir de ahí, TODO vale.

El país avanza en este trayecto como rehén de una minoría que intenta secuestrar las instituciones. Cada paso dado, cada decisión tomada, cada acuerdo adoptado, reduce el margen de maniobra, la libertad y la dignidad cívica. Quienes aún esperan una rectificación ignoran lo esencial, dado que rectificar exigiría desmontar la corrupción, abandonar a los socios extremistas, liberar la justicia, admitir el desastre y rendir cuentas. Y eso significaría el final de este perverso proyecto y por supuesto del poder.

Por eso considero que no hay marcha atrás, no puede haberla. No porque falten caminos mejores, sino porque este político ya no puede transitarlos sin quedar desnudo ante la historia y ante los tribunales. Ha elegido avanzar, incluso si avanzar implica arrasar, dividir y destruir el país que gobierna.

Lo verdaderamente grave no es que él esté perdido, que lo está. Lo verdaderamente grave es que haya arrastrado a toda una nación hasta un punto en el que salir de este viaje exigirá años de reconstrucción moral, institucional y democrática. Porque hay viajes que no conducen a ningún destino. No admiten retorno ni perdón político. Y este no acabará en una rectificación, sino en una rendición de cuentas. Y cuando llegue ese momento, no habrá relato que oculte el daño ni propaganda que esconda la verdad.

El poder pasa. Las ruinas permanecen. Y la historia —siempre más lenta, siempre más justa— termina señalando a quienes prefirieron salvarse a sí mismos antes que salvar a su país.

Juan A. Pellicer
Sursum Corda