«No necesitan aceptar la mentira. Basta con que hayan aceptado vivir con ella y en ella». (Václav Havel)

 El poder no necesita llamar a todas las puertas para hacerse presente en todas las conciencias. Le basta con que, detrás de cada una, alguien empiece a preguntarse cuánto puede costarle decir lo que piensa. A partir de ahí, el silencio deja de ser una circunstancia para convertirse en un mecanismo. Nadie ha prohibido la palabra, nadie ha dictado una orden, nadie ha exigido formalmente obediencia. Sin embargo, las palabras se vuelven cautelosas, las discrepancias pierden volumen y las preguntas incómodas descubren, de pronto, una extraordinaria afición por quedarse sin formular.

Ese es uno de los territorios más inquietantes de la política cuando el poder deja de conformarse con gobernar y aspira a condicionar los espacios desde los que puede ser cuestionado. La democracia no se sostiene únicamente sobre las urnas. Necesita instituciones independientes, organismos capaces de actuar sin tutela partidista, medios de comunicación que investiguen sin sometimientos y profesionales que ejerzan su responsabilidad sin mirar de reojo hacia el despacho donde se decide su futuro. Necesita, sobre todo, que nadie tenga que calcular el precio de una verdad antes de atreverse a expresarla.

La preocupación por la manera en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ejercido y continúa ejerciendo el poder no puede reducirse a una sucesión de disputas entre partidos ni despacharse como otro episodio de la eterna confrontación política. La cuestión de fondo es qué sucede cuando la influencia partidista se extiende sobre los espacios que deberían fiscalizar al poder, cuando la independencia institucional se convierte en materia de controversia y cuando el debate público queda atrapado entre la descalificación del adversario y la exigencia de cerrar filas con los propios. No basta con invocar la legitimidad de las urnas para responder a estas inquietudes: ganar unas elecciones concede la responsabilidad de gobernar, no la propiedad de las instituciones.

Pero la expansión de la influencia política no termina en los nombramientos ni en las decisiones administrativas. Su alcance más difícil de medir aparece cuando esa influencia comienza a condicionar la conducta de quienes la perciben. Un profesional que evita una crítica para no comprometer su carrera; un responsable que silencia sus objeciones para conservar el respaldo de quienes pueden favorecerlo; un representante que reconoce en privado lo que jamás se atrevería a admitir públicamente. Cada caso tendrá sus propias circunstancias, pero el fenómeno adquiere otra dimensión cuando el silencio deja de ser excepcional y se convierte en una conducta de protección. Es entonces cuando aparece la autocensura. No como una mordaza visible, sino como una frontera interior que cada cual aprende a no cruzar. El poder ya no necesita conocer todas las opiniones discrepantes; le basta con que quienes las sostienen comiencen a calcular qué pueden perder por expresarlas y qué pueden ganar manteniéndolas en silencio. Y el efecto político de esa renuncia resulta devastador: las decisiones encuentran menos resistencia, las contradicciones reciben menos preguntas y la ausencia de protesta puede confundirse interesadamente con la ausencia de motivos para protestar.

Lo más inquietante no es que alguien calle, sino que llegue un momento en que resulte imposible distinguir a quienes guardan silencio por convicción de quienes han aprendido a disimular su discrepancia.

Cuando la libertad de expresión permanece intacta sobre el papel, pero su ejercicio empieza a calcularse en términos de riesgo personal, la democracia conserva su voz jurídica mientras puede estar perdiendo, poco a poco, la voz de quienes deberían mantenerla viva. Una manera de comenzar a “no ser” a “no estar”.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)

octubre 26