«La lealtad al país siempre. La lealtad al gobierno, cuando lo merece.»
(Mark Twain)

Hay decisiones políticas que, por su gravedad, trascienden el debate coyuntural obligando a plantear una cuestión más profunda que la mera discrepancia ideológica. Cuando un gobernante decide distanciar a su país de aliados con los que ha compartido décadas de cooperación política, económica y estratégica, la cuestión deja de ser diplomática para convertirse en moral, porque un país no puede utilizarse como escenario de supervivencia personal ni como herramienta para recomponer una autoridad política que se desmorona dentro de sus propias fronteras.

La historia reciente demuestra que cuando el poder comienza a deteriorarse en casa —rodeado de escándalos, corrupción, incompetencia, de desgaste institucional y como consecuencia de ello de una creciente desconfianza ciudadana— algunos dirigentes recurren a un mecanismo tan antiguo como eficaz, desplazar la tensión hacia fuera. No es necesario declarar guerras ni provocar conflictos armados, basta con alimentar la confrontación, señalar enemigos y levantar un relato más o menos épico que permita reagrupar a los fieles y silenciar las preguntas incómodas. Este no es un comportamiento extraño en la política contemporánea. Lo hemos visto dentro de nuestras propias fronteras cuando determinados movimientos independentistas han construido su fuerza política sobre la confrontación permanente con el resto del país necesitando ese choque para sostener un relato victimista que oculte sus propias fracturas internas. Y lo hemos visto también en escenarios internacionales donde líderes debilitados han encontrado en la tensión exterior un instrumento para reafirmarse ante los suyos. Recordemos lo ocurrido en Venezuela, donde durante años, el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado la confrontación con Estados Unidos como elemento central de su narrativa política, presentándose ante su población primero como el valiente defensor de la patria frente a un enemigo exterior y después, cuando la tensión se vuelve contra él, como la víctima y el mártir de una agresión internacional.

La lógica es siempre la misma. Cuando la casa propia se tambalea, el poder busca fuera el escenario donde recomponer su autoridad, invocando la soberanía, exagerando la amenaza, alimentando el orgullo herido en ese intento vano de transformar la política exterior en un instrumento de cohesión interna. Como advirtió el pensador y poeta Paul Valéry al reflexionar sobre los mecanismos del poder, «la política es el arte de impedir que la gente se ocupe de lo que realmente le concierne». El problema no es discrepar de un aliado —algo perfectamente legítimo en las relaciones internacionales— sino hacerlo desde el cálculo personal de quien gobierna y no desde el interés permanente del país. Porque cuando la política exterior se convierte en un recurso para prolongar una carrera política agotada y absolutamente denostada, el daño deja de ser retórico corriendo peligro de convertirse en real, porque se deteriora la credibilidad internacional, se debilitan alianzas construidas durante décadas y, sobre todo, se traslada a millones de ciudadanos el coste de decisiones que parecen dictadas por la urgencia electoral más que por la responsabilidad de Estado.

Llegados a este punto, conviene recordar que la política democrática se sostiene sobre un principio sencillo, que no es otro que el tener claro y asumido que el poder no pertenece a quien lo ejerce, sino que es un mandato temporal que exige prudencia, responsabilidad y una lealtad inequívoca hacia el país que se representa. Cuando esa jerarquía se invierte y el interés del gobernante empieza a confundirse con el interés de la nación, la política deja de ser servicio público y se convierte en otra cosa mucho más peligrosa, un ejercicio de supervivencia personal que utiliza al país como escudo. Y no hay deslealtad ni traición mayor que esa.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (arriba los corazones)