«La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero».

(Antonio Machado)

«Invasión» es una de esas palabras que, además de incomodar, activa el nerviosismo del Gobierno. Quizá por eso algunos prefieran discutir inmediatamente sobre el término antes que detenerse en la realidad que contiene. Pero los hechos deberían bastarnos para comprender la gravedad del asunto. Y no se trata de una apreciación “subjetiva”, créanme. Entre el 30 y el 31 de julio, cerca de 80.000 personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos (algunas fuentes apuntan a una cifra superior). Una multitud equivalente a la población de la ciudad vulneró en apenas dos días la frontera de Ceuta, de España y de la Unión Europea. Ante semejante magnitud, discutir si la palabra «invasión» resulta incómoda comienza a parecer casi obsceno. Uno esperaría del gobierno algo más que explicaciones administrativas, declaraciones tranquilizadoras y la eterna promesa de que «todo está bajo control». Cuando decenas de miles de personas cruzan irregularmente la frontera de otro país, la pregunta no es solamente qué hacemos con quienes han entrado. La pregunta previa es otra, ¿cómo pudo suceder? Y, sobre todo, ¿quién asume la responsabilidad?

Resulta trágico que la ciudadanía tenga que conformarse con versiones gubernamentales arbitrarias, ideológicas o dictadas por la supervivencia política, mientras se intenta negar, ocultar o relativizar lo ocurrido. También resulta revelador que cualquier pregunta sobre la seguridad de la frontera sea inmediatamente interpretada como xenofobia o como una consigna de la «megasuperultraderecha del mundo mundial». Pero lo verdaderamente inquietante es que una situación que ha colocado a Ceuta bajo una presión extraordinaria termine normalizándose. Miles de personas continúan en la ciudad, mientras su presidente la describe como una «olla a presión» y reclama en Bruselas una mayor implicación europea.

Entretanto, la Audiencia Nacional ha asumido la investigación al apreciar indicios de una conducta presuntamente delictiva cometida desde el extranjero que habría atacado gravemente la integridad territorial de España. La jueza habla de una «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos, y la investigación contempla posibles delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, además de homicidios imprudentes, violaciones, robos y organización criminal. Ceuta ha sido admitida como acusación particular por su condición de perjudicada directa. Ante esto, exigir respuestas rápidas, precisas, contundentes y definitivas no solo es legítimo, sino imprescindible. No consignas, no coartadas buenistas, no subvenciones utilizadas para administrar indefinidamente -algunas onegés– el problema mientras se evita afrontar sus causas, responsabilidades y lo que no es tema menor: sus objetivos. Queremos saber qué ocurrió realmente aquellos días. ¿Qué información tenía el Gobierno? ¿Qué hicieron las autoridades antes, durante y después de la entrada masiva? ¿Hubo una utilización política de la invasión? ¿Por qué una ciudad española tuvo que soportar semejante atropello primero y abandono después? Y, si alguien considera exageradas estas preguntas, que explique por qué. Quizá en ese porqué encontremos la frontera verdaderamente peligrosa.

La prudencia es una virtud cuando evita decisiones precipitadas, pero se convierte en cobardía cuando sirve para eludir responsabilidades. Y deja definitivamente de ser prudencia cuando las instituciones pretenden que aceptemos como normal aquello que, por su dimensión y sus consecuencias, no tiene absolutamente nada de normal. Ceuta no puede convertirse —por torpeza, incapacidad o cálculo— en un campo de batalla, en una ciudad «sitiada». Necesita al Estado porque forma parte de él. Necesita fronteras eficaces, seguridad, recursos, transparencia y una respuesta política a la altura de lo sucedido.

Un Gobierno que no sabe —o no quiere— explicar cómo decenas de miles de personas vulneraron una frontera española corre el riesgo de perder algo mucho más grave que el control territorial, la confianza, el respeto y el reconocimiento de sus ciudadanos. Y cuando las instituciones abandonan ese espacio, la desesperación, el resentimiento y la necesidad comienzan a ocuparlo.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)

septiembre 26