«El fin justifica los medios. Pero ¿quién justifica el fin?» (Albert Camús)

España vuelve a vestirse de luto. Todavía permanecen abiertas las heridas de Adamuz, donde 46 personas perdieron la vida, cuando una nueva tragedia ferroviaria, esta vez en Urda, nos arrebata otras 69. Ciento quince vidas truncadas en menos de nueve meses. Ciento quince historias interrumpidas, familias destrozadas y un dolor que ninguna declaración institucional podrá reparar. Desde estas letras quiero expresar, antes que cualquier otra consideración, mi más profundo pésame y mi cercanía a quienes hoy padecen el insoportable peso de semejante desgracia. Pero el respeto a los muertos no exige silencio ante los vivos que tienen la obligación de responder.

Mi denuncia se dirige al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez. A una manera de ejercer el poder que considero profundamente alejada de las responsabilidades que entraña gobernar. Porque gobernar no consiste únicamente en conquistar instituciones, administrar mayorías o sobrevivir políticamente. Gobernar exige competencia, previsión, responsabilidad y una conciencia ética, humana y moral permanente de que detrás de cada decisión administrativa existen vidas humanas.

Las infraestructuras ferroviarias no se mantienen con discursos. Necesitan inversiones, inspecciones, profesionales cualificados, compromisos y una planificación que no dependa de las conveniencias partidistas. España continúa arrastrando unos Presupuestos Generales prorrogados, mientras los ciudadanos tienen derecho a preguntarse qué lugar ocupan la conservación y la seguridad de los servicios esenciales entre las prioridades de quienes administran sus impuestos. Y junto a los presupuestos aparece una cuestión igualmente inquietante: los nombramientos. ¿Qué preparación acreditan quienes ocupan los puestos donde se toman decisiones que afectan a millones de personas? ¿Cuánto pesa la experiencia profesional y cuánto la proximidad política o de otro tipo? No afirmo que un nombramiento determinado haya provocado estos accidentes, eso le corresponderá a la justicia; denuncio que cualquier sustitución del mérito por la obediencia partidista constituye un riesgo inadmisible cuando está en juego la seguridad pública.

Las investigaciones deberán establecer las causas técnicas de ambas tragedias y por tanto las responsabilidades. En Adamuz se examina una posible fractura de la vía; en Urda, una sucesión de fallos y decisiones operativas. Pero ninguna investigación técnica puede sustituir el examen de las responsabilidades políticas, como tampoco puede utilizarse su duración para aplazar indefinidamente las explicaciones que merece la ciudadanía.

Quien preside un Gobierno no administra la seguridad de sus partidarios, sino la de todos los ciudadanos, incluidos aquellos a quienes su discurso político ha situado al otro lado DEL MURO que este gobernante ha levantado tanto en el terreno ideológico como en el ejercicio del poder. La vida no tiene afiliación, ni las víctimas deberían convertirse jamás en argumento de conveniencia.

Por eso mi repulsa nace de una convicción que considero irrenunciable: ninguna ideología puede situarse por encima de la preparación, la verdad, la responsabilidad y la vida humana. Y cuando el poder permite que las lealtades políticas prevalezcan sobre esas obligaciones, mi denuncia, esta denuncia, cargada del desprecio y la desaprobación más absoluta hacia esta clase gobernante, adquiere toda su crudeza porque ninguna ideología, por mucho que lleves ocho años imponiéndola y sosteniéndola con el dinero de todos, puede situarse jamás por encima de la vida humana.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)

Noviembre 26