«La verdad está en marcha y nada la detendrá». (Émile Zola)

La magistrada Beatriz Biedma, instructora del procedimiento relacionado con el hermano del presidente del Gobierno, ha denunciado amenazas de muerte contra ella y ha aportado, según las informaciones publicadas, más de un centenar de vídeos y otros elementos de prueba ante la Audiencia Nacional. No es una testigo ajena a los hechos ni una observadora circunstancial, es la propia jueza que investigaba e instruía el caso. En paralelo, se investigan las supuestas maniobras dirigidas contra ella, relacionadas en las denuncias con las llamadas «cloacas del Partido Socialista», y las declaraciones atribuidas a un juez expulsado de la carrera judicial, que habría llegado a hablar de «eliminarla» y niega la acusación. La justicia deberá esclarecer quién hizo qué y con qué propósito. Pero la dimensión política del asunto resulta ya estremecedora: que una magistrada denuncie amenazas de muerte mientras investiga un procedimiento vinculado al entorno familiar del presidente obliga a exigir explicaciones, garantías y una investigación sin interferencias.

A estas alturas, reducir el problema político español a una sucesión de escándalos sería conceder demasiado a quienes han aprendido a sobrevivir a ellos. La corrupción no comienza ni termina en el dinero sustraído. También alcanza a la utilización del poder para proteger intereses particulares, a las presiones sobre quienes investigan y a cualquier intento de convertir las instituciones en instrumentos de obediencia. Cuando aparecen indicios de semejantes conductas, no basta con expulsar a un colaborador, negar vínculos o invocar la presunción de inocencia. Esta última protege a las personas frente a condenas anticipadas; no puede utilizarse para impedir que se investiguen las responsabilidades políticas.

Pedro Sánchez tiene que responder por una cuestión que trasciende cualquier expediente judicial, ¿Qué controles existían sobre las personas que actuaban en su entorno político y qué hizo él, su gobierno y su partido cuando comenzaron a conocerse las denuncias? Porque no puede pretenderse que la gravedad de las investigaciones desaparezca simplemente porque sus protagonistas nieguen los hechos o intenten mirar o hacer que miremos para otro lado. Porque gobernar exige algo más que resistir cada nueva revelación hasta que otra noticia ocupe su lugar.

Mientras tanto, las informaciones se siguen acumulando: Buques militares marroquíes penetraron en aguas territoriales españolas frente a Ceuta y los ciudadanos conocieron el episodio más de dos meses después, al tiempo que el Gobierno había prometido transparencia al respecto. En los ferrocarriles, las nuevas incidencias llegan después de la tragedia de Adamuz, con cuarenta y seis muertos y una investigación todavía abierta. Son asuntos diferentes, pero comparten una exigencia que ningún Ejecutivo debería eludir, explicar sus decisiones y responder políticamente por la gestión de sus competencias. Las responsabilidades penales las determinarán los jueces, a diferencia de las políticas que no pueden ni deben quedar suspendidas hasta que finalice el último recurso.

Me niego a aceptar que el debate sobre la calidad democrática de España termine reducido a comprobar si sus gobernantes han cometido personalmente algún delito. El Código Penal establece el límite de lo castigable, no el ideal de conducta de quienes administran el Estado. Entre la inocencia judicial y la honorabilidad política existe un territorio inmenso que exige independencia, decencia moral e institucional y responsabilidad. Y es precisamente en este territorio donde un Gobierno debe demostrar qué entiende por servir a España. No mediante proclamas ni invocando permanentemente la legitimidad de las urnas, sino aceptando que la confianza recibida no constituye un salvoconducto para eludir explicaciones.

La denuncia de amenazas de muerte contra una jueza en una democracia como la española debería inquietar especialmente a cualquier ciudadano, con independencia de sus simpatías políticas. Porque si alguien pudiera llegar a creer que investigar a los poderosos puede tener consecuencias personales para quien lo hace, el problema ya no sería solamente la corrupción investigada, sino el miedo a investigarla. Por ello, exijo, como ciudadano libre y democrático, porque creo que me asiste el derecho, unas instituciones capaces de investigar incluso —sobre todo, diría— a quienes las dirigen.

Juan A. Pellicer

Octubre 26

Sursum Corda (Arriba los corazones)