“El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces y el asesinato respetable.” (George Orwell)

Escuchando hace unos días al presidente del Gobierno llamar “país” a una de las 17 Comunidades Autónomas, uno no puede evitar detenerse un instante, no tanto por la palabra en sí, sino por lo que implica y por lo que persigue. Porque no estamos ante un desliz ni ante una licencia retórica, estamos ante una elección consciente que encaja con una forma “peculiar” —por llamarlo de alguna manera— de hacer política en la que el lenguaje se utiliza como herramienta de conveniencia. Y lo es porque, en sentido estricto, un país —o, con mayor precisión, un Estado— no es un sentimiento ni una identidad cultural, sino una estructura política con soberanía, reconocimiento internacional, territorio definido y capacidad de legislar sin subordinación. Esto no es opinable, es la base misma del concepto moderno de Estado, y esta comunidad autónoma a la que se refería es, guste más o guste menos, una más de las 17 que configuran el nuestro.

El recurso es antiguo y eficaz, cambiar el significado de las palabras sin avisar. Tomar un término con peso jurídico —“país”— y utilizarlo como si fuera sinónimo de identidad cultural o emocional. Y así, sin necesidad de sostenerlo con argumentos, se deja caer la idea, confiando en que el término haga el trabajo por sí solo. Y cuando esto lo hace quien ocupa la máxima responsabilidad institucional, el problema ya no es solo el uso del término, sino la intención que hay detrás. Porque no se trata de un gesto aislado, sino que forma parte de una estrategia en la que el lenguaje deja de ser preciso para convertirse en útil. Útil para contentar, útil para sostener equilibrios, útil para alimentar relatos que necesitan más palabras que realidad. Y ahí es donde empieza la verdadera distorsión.

Se puede afirmar una identidad, por supuesto. Se puede proclamar incluso. Pero si esa afirmación no tiene efectos jurídicos reales, permanece en el terreno de lo simbólico. Y lo simbólico, por intenso que sea, no sustituye a la soberanía efectiva. Esa es la distancia que se intenta salvar con palabras, la que separa lo que se dice de lo que realmente existe. Porque una comunidad puede sentirse nación, puede proclamarse como tal, pero sin soberanía efectiva sigue sin ser un Estado. Y llamar “país” a lo que no lo es no lo acerca un milímetro a serlo.

Y por poder, claro que se puede uno sentir lo que quiera. Yo mismo podría decidir que soy —me siento— un pequeño e inocente pececito nadando en el Mar Menor de España, libre, ajeno a todo, flotando en una realidad amable, claro que sí. Pero mi realidad es bastante menos poética, mi realidad es que, me guste más o menos, soy un ciudadano normal y corriente que, entre otras cosas, en estos días se enfrenta a la tediosa misión de cumplir con Hacienda a través de su declaración de la renta. Y esa diferencia entre lo que uno siente y lo que realmente es no se resuelve con palabras, se resuelve con hechos.

Nada de esto es nuevo, lo sabemos. Los movimientos nacionalistas —de cualquier signo— han entendido siempre el lenguaje como una herramienta de construcción política. No describen la realidad, la dibujan hasta que algunos terminan por verla donde antes no estaba. Como advirtió Víctor Klemperer, “las palabras pueden ser como dosis minúsculas de arsénico, se tragan sin darse cuenta y parecen no surtir efecto, pero al cabo del tiempo el veneno actúa”. Pero además cuando ese mismo mecanismo lo adopta quien debería velar por la claridad institucional, la cuestión deja de ser ideológica para convertirse en un problema de rigor y de responsabilidad, cuando no en algo más grave. Porque al final no se trata de una palabra, se trata de algo mucho más serio. Se trata de saber si quien tiene la responsabilidad de nombrar la realidad la respeta o la utiliza, porque cuando el lenguaje se emplea para complacer, deja de ser una herramienta de gobierno para convertirse exclusivamente en un mediocre instrumento de supervivencia. A partir de ahí, todo se invierte, la verdad pasa a ser un obstáculo, la precisión una incomodidad y el ciudadano un mero espectador al que se le entretiene con palabras que ya no significan lo que dicen. Y ese es el verdadero problema, no que se llame “país” a lo que no lo es, sino que se pretenda que dejemos de notar la diferencia.

No estamos ante un error, estamos ante una malintencionada perversión del lenguaje.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)