«No hay peor herejía que creer que el cargo santifica a quien lo ocupa.»
(Lord Acton)

Hay una diferencia esencial entre ganar unas elecciones y merecer la confianza de una sociedad. Lo primero pertenece al ámbito de las urnas, a un proceso democrático que todos tenemos la obligación de respetar; lo segundo, a un terreno mucho más exigente, el de la conducta, la coherencia y la forma de ejercer el poder, porque las urnas conceden legitimidad para gobernar, pero no entregan un certificado de superioridad moral, no convierten al vencedor en dueño de la verdad ni le otorgan el derecho a repartir lecciones de ética pública. Por eso existen gobiernos que ocupan legítimamente las instituciones y, sin embargo, no representan a una parte importante de la sociedad, y no porque quienes discrepan rechacen la democracia, sino porque esta también consiste en conservar el derecho a juzgar a quienes gobiernan y a negarles una autoridad moral que sus propios actos han puesto en duda, y es por ello que no me representan quienes entienden las instituciones como herramientas al servicio de un proyecto partidista, quienes solo aceptan la independencia de los organismos de control cuando sus decisiones coinciden con sus intereses o convierten cualquier crítica en una amenaza, como tampoco quienes han hecho de la política una batalla donde el adversario deja de ser alguien con una opinión diferente para convertirse en alguien a quien desacreditar. Y, por supuesto, no acepto lecciones de moral ni de ética de quienes han perdido la autoridad para impartirlas, de quienes han protagonizado o amparado comportamientos incompatibles con la ejemplaridad pública, han tenido o tienen que responder ante la Justicia o han convertido los principios en una herramienta flexible, severa con el contrario y extraordinariamente comprensiva con los propios. «He visto a personas comportarse mal con mucha moral», escribió Camus, una contradicción que algunos parecen empeñados en convertir en programa de gobierno. Los valores que solo se defienden cuando resultan útiles dejan de ser valores para convertirse en propaganda.

Y quizá convenga refrescar algunas memorias. Pedro Sánchez no abandonó en 2016 la dirección de su partido tras una amable discrepancia entre compañeros. Cayó después de una rebelión de su propia Ejecutiva y un Comité Federal convertido en un espectáculo de gritos y acusaciones, donde dirigentes socialistas llegaron a denunciar un «pucherazo» ante el intento de celebrar una votación secreta mediante una urna cuya colocación y control desataron una batalla interna memorable. Perdió la votación, dimitió y dejó al PSOE en manos de una gestora. Regresó después, llegó por primera vez a La Moncloa mediante una moción de censura y, tras quedar su partido por detrás del vencedor de las elecciones de 2023, conservó el Gobierno gracias a una aritmética parlamentaria sostenida por fuerzas a las que antes había situado fuera de sus propios límites políticos. Todo ello es legal, faltaría más. La ley permite gobernar con los votos suficientes, incluso cuando proceden de quienes ayer parecían inaceptables, lo que no concede la investidura es una indulgencia plenaria sobre la memoria, ni convierte la contradicción en virtud, el oportunismo en coherencia o la necesidad parlamentaria en superioridad moral.

Existe además una cuestión que va más allá de las leyes, la forma de ejercer el poder, porque la política también tiene una estética, no como apariencia, sino como expresión de una manera de entender la responsabilidad pública. Hay una estética de la moderación, del respeto institucional y de la conciencia de los límites, y otra basada en la confrontación permanente, la búsqueda del enemigo y la convicción de que todo está permitido si sirve para conservar el poder. La verdadera prueba no aparece cuando se reclaman independencia y controles desde la oposición, sino cuando se alcanza el Gobierno y se descubre que esos mismos límites también deben aplicarse a uno mismo. Ahí se demuestra la cultura democrática.

Quizá uno de los grandes errores de nuestro tiempo sea confundir la mayoría con la razón, la victoria electoral con la superioridad moral y el poder con la autoridad. Una mayoría permite gobernar, pero no apropiarse de las instituciones ni situarse por encima de la crítica, de la Justicia o de los ciudadanos. Nadie está por encima de la ley, ningún partido, ningún presidente y ninguna mayoría parlamentaria. Y cuando quienes gobiernan pierden la autoridad moral para dar ejemplo, pueden conservar un cargo, una mayoría o un despacho, pero pierden algo mucho más importante, el respeto de quienes ya no se sienten representados.

Juan A. Pellicer (Julio26)

Sursum Corda (Arriba los corazones)