«Todo el propósito de la política práctica es mantener alarmada a la población, amenazándola con una interminable serie de espantajos, la mayoría imaginarios». (H. L. Mencken)

A estas alturas, atribuir determinadas decisiones políticas a la casualidad exige una ingenuidad que no estoy dispuesto a practicar. España se aproxima a unas elecciones generales en medio de una confrontación social cuya intensidad, calendario y protagonistas no admiten explicaciones ingenuas ni silencios interesados. Una cosa es defender derechos y otra, muy distinta, aprovechar el descontento ciudadano para obtener réditos políticos.

La portavoz de Más Madrid proclamó en la Asamblea regional que «en las calles de Madrid no va a haber paz». Posteriormente explicó que se refería a la ausencia de paz social mientras persistieran las injusticias en materia de vivienda. Preguntémonos qué responsabilidad asume un representante público cuando introduce semejante expresión en un ambiente de creciente crispación. La protesta es un derecho constitucional; convertir la amenaza, siquiera verbal, en recurso político es otra cuestión.

Y en ese escenario irrumpen UGT y CCOO, convocando una huelga general para el 11 de noviembre, apenas dieciocho días antes de las elecciones del 29-N. Desde 2012 no se producía una convocatoria general de semejante alcance respaldada por las grandes centrales sindicales. Las reivindicaciones sobre vivienda, salarios y condiciones laborales son legítimas. Precisamente por eso merecen algo más que convertirse en munición de una contienda electoral. La cuestión no es el derecho a la huelga, que nadie debería discutir, sino su oportunidad, su calendario y, sobre todo, la interpretación política que algunos dirigentes gubernamentales han hecho de ella. María Jesús Montero llegó a presentarla —y se quedó tan tranquila— como una huelga «contra la oposición» por el rechazo parlamentario a determinados decretos de vivienda. Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, respaldó esa interpretación. Y es aquí donde aparece una contradicción difícil de disimular. ¿Cómo puede una huelga general, concebida para reclamar soluciones a quienes gobiernan, presentarse como un instrumento de presión contra quienes no ejercen el poder ejecutivo?

Ocho años lleva gobernando el actual Ejecutivo. Ocho años durante los cuales el acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación creciente, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras. Las sucesivas medidas sobre alquileres, arrendamientos y protección de inquilinos no solo no han conseguido resolver el problema, sino que lo han agravado. Y ahora, cuando se aproxima una cita electoral decisiva, la respuesta parece trasladarse desde los despachos gubernamentales hasta las calles. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué esa intensidad? ¿A quién beneficia políticamente semejante calendario?

Pero hay otra posibilidad que merece atención. La movilización podría perseguir objetivos que trasciendan la jornada electoral. También podría servir para advertir a quienes eventualmente sucedan al actual Gobierno de que encontrarán una oposición dispuesta a trasladar buena parte de la confrontación parlamentaria a la calle. No afirmo que exista una estrategia concertada; planteo una interpretación política que la coincidencia de acontecimientos permite examinar. Porque una cosa es ejercer la oposición y otra pretender condicionar anticipadamente la gobernabilidad mediante una tensión social permanente y creciente.

No es la primera vez que la tensión aparece asociada al cálculo electoral. En 2008, José Luis Rodríguez Zapatero —sí, el de las joyas—, durante una conversación captada por un micrófono abierto, reconoció a Gabilondo que «lo que nos conviene es que haya tensión». Aquella frase pertenecía a otro momento político y no demuestra ninguna continuidad organizada con los acontecimientos actuales ¿O sí? pero, sin duda, sigue siendo un antecedente revelador de hasta qué punto la obstinación de esta formación política en recurrir a la agitación social puede contemplarse como un recurso electoral.

A este panorama se suman llamamientos de determinados activistas a radicalizar las protestas, incluso tomando como referencia los disturbios vividos en Francia. Conviene distinguir entre las manifestaciones pacíficas, plenamente legítimas, y las apelaciones a la violencia, el acoso o la intimidación, que merecen —o deberían merecer— un rechazo general e inequívoco. Ninguna reivindicación social adquiere mayor legitimidad por el número de escaparates destrozados, contenedores incendiados o ciudadanos intimidados.

Me preocupa, además, que el enfrentamiento termine desplazando el debate sobre aquello que verdaderamente debería ocuparnos. Los problemas de vivienda no desaparecerán después del 29 de noviembre. Tampoco los salarios insuficientes ni las dificultades de quienes intentan construir un proyecto de vida. Quienes gobiernan deben responder ante los ciudadanos por sus decisiones y, si procede, también ante la justicia; quienes aspiran a gobernar, por sus propuestas. Y los sindicatos, cuya independencia debería constituir una condición esencial de su credibilidad, deberían evitar cualquier apariencia de subordinación y sumisión a intereses partidistas.

España necesita llegar a las urnas con todas las garantías democráticas, sin intimidaciones y con absoluta libertad para decidir. La ciudadanía no está obligada a aceptar que sus dificultades se conviertan en instrumentos de una disputa por el poder. Tiene derecho a protestar, a exigir responsabilidades y a desconfiar de quienes parecen descubrir determinados problemas cuando el calendario electoral les concede una nueva utilidad. Tal vez algunos consideren rentable elevar la tensión antes de las elecciones y mantenerla después.

Nos conviene no olvidar que quienes encienden la mecha desde una tribuna o entre las bambalinas del poder no siempre son quienes terminan respirando el humo en la calle.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)

Octubre 26