“La libertad no consiste en hacer lo que se quiere,

sino en no estar sometido a la voluntad arbitraria de nadie.”

(Benjamin Constant)

Hay momentos en la vida pública que no requieren interpretación, solo valentía para nombrarlos. Y hoy lo que vivimos en España no es una anécdota institucional, sino una humillación democrática, un Gobierno que lleva desde el 6 de octubre de 2022 sin cumplir la obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado —no aprobarlos, sino presentarlos—. Tres años sin el mínimo gesto de responsabilidad que la Constitución exige, y un país entero obligado a aceptarlo como si la Ley fundamental fuese un mantel viejo que se utiliza cuando conviene y se esconde cuando estorba.

No se trata de un retraso, ni de una dificultad técnica. Es un acto de desprecio deliberado hacia la arquitectura constitucional del Estado. Un gesto de poder que revela una verdad obscena, incómoda y corrosiva, la Constitución se obedece cuando interesa y se esquiva cuando molesta. Y lo más devastador es que ninguna institución tiene capacidad de exigir el cumplimiento. Ninguna.

El Tribunal Constitucional, supremo intérprete de nuestra Carta Magna, carece de herramientas para obligar al Gobierno a presentar los Presupuestos. El Parlamento, que debería ser el contrapeso natural del Ejecutivo, ha quedado reducido a un espectador sin fuerza real. Y las instituciones de control callan, miran hacia otro lado o simplemente se resignan a la idea de que el poder ha decidido desconectarse de la ley sin pagar precio alguno.

Mientras tanto, la ciudadanía vive bajo un régimen de exigencia férrea. Si tú o yo, querido lector, incumplimos una norma fiscal, el Estado nos sanciona con una rapidez que roza lo implacable. Si cometemos un error administrativo, la maquinaria pública cae sobre nosotros con puntualidad quirúrgica. Pero cuando es el Gobierno el que incumple la Constitución durante tres años consecutivos, el sistema entero se paraliza, se encoge, se resigna. La igualdad ante la ley se convierte en un chiste cruel.

Y aquí aparece la verdad incómoda dado que no estamos ante un fallo del sistema, sino ante un abuso del poder. Una clase política que ha aprendido que puede forzar los límites sin coste alguno, que puede faltar a sus obligaciones sin rubor, que puede vivir instalada en la mentira de que la legalidad es una carga solo para los gobernados … Esta impunidad es la forma más refinada de corrupción, la corrupción de la desobediencia institucional, la corrupción del privilegio, la corrupción de gobernar sin cumplir. Tal y como advirtió Václav Havel al denunciar a los poderosos que se amparan en su propia mentira: “el mayor peligro para una sociedad no es la mentira del poder, sino la voluntad del poder de vivir dentro de esa mentira”. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Porque lo insoportable no es solo el incumplimiento, ni siquiera la impunidad, que lo es, si no el mensaje que este Gobierno envía al país que bien podría ser: “vosotros estáis obligados, nosotros estamos autorizados”. Una fórmula tan triste y vergonzosa como humillante y degradante para cualquier democracia que aún aspire a respetarse a sí misma.

Y en ese mantra descansa la verdadera degradación. Porque una democracia no muere cuando la atacan sus enemigos, sino cuando la traicionan sus gobernantes. Y hoy, tristemente, España sabe muy bien de qué lado viene la traición.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)