«Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites». (Montesquieu)

Hay preguntas que uno preferiría no tener que formular. Otras, cuando la realidad golpea con suficiente violencia, dejan de ser preguntas para convertirse en una exigencia moral. Lo sucedido en Ceuta pertenece a esa segunda categoría. En apenas cuarenta y ocho horas, entre setenta mil y ochenta mil personas atravesaron irregularmente la frontera desde Marruecos y entraron en una ciudad cuya población apenas supera los ochenta mil habitantes. Podrán llamarlo presión migratoria, crisis humanitaria o entrada masiva. Cuando el número de quienes cruzan una frontera equivale casi al de los habitantes del territorio al que llegan, la palabra invasión deja de ser una exageración retórica para convertirse en la descripción de una realidad gravísima. Y ante una realidad semejante, la primera pregunta resulta inevitable. ¿Quién responde? ¿Quién gobierna? ¿Quién debía haberlo previsto? ¿Quién recibió información y no actuó? ¿O acabaremos respondiendo todos para que no responda nadie?

Conviene poner cada responsabilidad en su sitio. Un ciudadano no dispone de los medios del Estado, no dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no controla las fronteras, no decide la política exterior, no recibe los informes de los servicios de inteligencia ni puede ordenar una respuesta diplomática, policial o militar. No sería justo, por tanto, colocar sobre sus hombros la misma responsabilidad que sobre los de quienes poseen el mandato, los instrumentos y el poder para gobernar. La solidaridad debida a quienes padecen una tragedia humana no obliga a cerrar los ojos ante la quiebra de una frontera. Defender la dignidad de las personas no exige renunciar a la soberanía de un país ni aceptar que una ciudad española pueda quedar desbordada mientras sus gobernantes discuten quién fue avisado, quién entendió el aviso y quién decidió no hacer nada.

El Gobierno sí tiene esa responsabilidad. Por eso ya no basta con preguntar qué ocurrió en Ceuta, sino qué se hizo antes de que ocurriera, qué se hizo cuando estaba ocurriendo y qué se está haciendo ahora. Gobernar no consiste en comparecer cuando el problema ya está encima de la mesa ni en administrar sus consecuencias mediante comunicados cuidadosamente redactados. Gobernar significa anticiparse, prevenir, decidir y, llegado el caso, actuar con toda la contundencia que exija la gravedad de las circunstancias. Lo contrario podrá llamarse gestión de crisis, control de daños o propaganda institucional, pero difícilmente puede llamarse gobierno. Y cuando, ante un hecho de esta magnitud, los responsables políticos se contradicen acerca de la información recibida, la incompetencia deja de ser una sospecha y empieza a parecer una forma de abandono.

Hay, además, una cuestión que no debería perderse entre declaraciones, desmentidos, relatos y disputas partidistas. La responsabilidad política no necesita un delito para existir. Un gobernante puede no haber delinquido y, sin embargo, haber cometido un error político de consecuencias gravísimas. Puede haber actuado tarde, interpretado mal las evidencias, ignorado los antecedentes, minimizado el peligro o confiado la seguridad de una frontera española a la voluntad circunstancial del país vecino. Por cualquiera de esas razones debe responder ante los ciudadanos. Churchill afirmó que «el precio de la grandeza es la responsabilidad», y quien acepta la grandeza del cargo no puede pretender eludir su precio cuando llega la hora de pagarlo. Porque una cosa es no delinquir y otra muy distinta gobernar BIEN. Y gobernar BIEN no es una expresión retórica, sino cumplir aquello que se jura o promete antes de tomar posesión: «cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno […] y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». Convertir la ausencia de responsabilidad penal en un certificado de buena gestión es una de las coartadas más miserables del poder.

La responsabilidad penal requiere algo mucho más preciso, la existencia de una conducta tipificada como delito y acreditada por los tribunales. No debemos confundir ambos ámbitos, pero tampoco permitir que esa diferencia se utilice como refugio. La política no puede reducirse a determinar si un gobernante merece o no sentarse ante un juez. Entre la inocencia penal y la decencia política existe un territorio inmenso llamado responsabilidad. Y es precisamente en ese territorio donde demasiados gobernantes han aprendido a desaparecer.

Queda entonces la pregunta más incómoda. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? No somos responsables de lo que hace un Gobierno, pero sí podemos serlo de nuestra indiferencia, de mirar hacia otro lado, de convertir una tragedia nacional como esta en otra pelea entre siglas o de resignarnos a que lo intolerable acabe pareciendo, una vez más, inevitable. Una democracia no se sostiene solamente depositando una papeleta en una urna. También se sostiene exigiendo explicaciones, reclamando responsabilidades y negándose a aceptar que la desidia, la dejadez y la incompetencia puedan perpetuarse sin consecuencias. El ciudadano no tiene que gobernar, pero tiene el deber de vigilar a quien gobierna. Cuando renuncia a hacerlo, el poder adquiere una peligrosa sensación de impunidad.

Por tanto, no debemos aceptar la falsa disyuntiva entre culpar al Gobierno o culpar al pueblo. Hay responsabilidad en ambos lados, pero ni su naturaleza ni su gravedad son comparables. Quien gobierna responde por aquello que hace —o deja de hacer— con el poder que los ciudadanos le han confiado. Los ciudadanos respondemos por aquello que hacemos —o dejamos de hacer— con nuestra libertad.

Quizá la verdadera tragedia no sea solamente que uno prefiera no formular ciertas preguntas, sino que llegue un momento en que ya nadie se atreva a hacerlas.

Juan A. Pellicer

Sursum Corda (Arriba los corazones)

Agosto 26